Han pasado exactamente seis años y siete meses del estallido de 2019. Es claro que nadie tiene muy claro por qué ocurrió lo que ocurrió. Se siguen publicando textos y de ellos se desprende que las razones fueron múltiples; no hay “una” explicación. En un reciente artículo distinguimos dos aspectos que consideramos clave para entender lo que pasó: la punta de lanza de la revuelta y el apoyo de la ciudadanía (ver “Law and Politics of Constitutional Making, Lessons from Chile”, Soto y Alemán editores, 2025).

El primer tema fue caracterizado por Rodrigo Karmy en “El porvenir se hereda”, donde se describe el estallido como una “asonada popular” que encarnó “un momento destituyente” y que “no cristaliza en un poder”. Así, fue un movimiento derogatorio del statu quo más que uno revolucionario. Su violencia es vista como “redentora”. Una encuesta realizada entre participantes habituales de las protestas de Plaza Italia lo corrobora. Se trató principalmente de jóvenes graduados de la universidad (42%) y con posgrados (10,4%) y de izquierda (63,8%). Su insatisfacción con la democracia de Chile era masiva (93,3%) y la gran mayoría pensaba que el Presidente Piñera debía renunciar (79%). Nadie podría sostener que este grupo antisistémico era representativo de toda la ciudadanía.

Pero una mayoría de los ciudadanos sí respaldó las protestas. Hacia fines de octubre, a la pregunta de si el problema era de orden público y grupos violentistas o expresión de un descontento social generalizado, un 72% opinó que lo último (Cadem 303).

¿Por qué? La hipótesis comúnmente aceptada es la desigualdad de ingresos. Sin embargo, la evidencia no convence. En el siglo XX, el Gini promedio de Chile fue 54,6. El problema de la desigualdad es un rasgo histórico. Y en el siglo XXI el Gini disminuyó: 52,8 en 2000, 47,4 en 2009 y 45,3 en 2017 (Banco Mundial). Así, no parece del todo plausible que esa desigualdad tradicional (a la baja) hubiese gatillado tamaño “descontento social generalizado”. Además, cuando se preguntó por las razones que explican el estallido, solo el 12% lo atribuyó a la desigualdad (Cadem 307).

Nuestra sugerencia va por otro lado. Los datos indican que ese apoyo ciudadano se debió a la combinación de altas expectativas y un mediocre desempeño económico, después de años de progreso. Nuestra visión complementa otras. A continuación, un resumen.

Tras tres décadas de crecimiento, los chilenos internalizaron expectativas de prosperidad continua, especialmente en torno a la educación y movilidad de sus hijos. Pero el crecimiento se desaceleró. Mientras entre 2008 y 2013 el PIB creció en promedio 4% anual, entre 2014 y 2018 esa tasa cayó a 2,2%. El PIB per cápita pasó de US$ 4.500 en 1990 a US$ 22.439 en 2013. Luego, prácticamente se estancó. El quiebre coincidió con un contexto externo adverso (caída del precio del cobre) y una agenda de reformas (2014-18) que afectó la inversión, la acumulación de capital humano, encareció el empleo formal y, claro, golpeó el crecimiento.

La desaceleración afectó el mercado laboral y, en especial, a los jóvenes. Entre 2003 y 2013, los salarios de personas de 25-35 años crecían en promedio 2,5% anual, pero entre 2013 y 2017 cayeron 0,6% por año. El deterioro fue más severo entre los más educados: quienes tenían educación terciaria pasaron de aumentos salariales de 2,4% anual a caídas de 3,2%. En conjunto, los datos muestran una ruptura en la trayectoria económica y un impacto desproporcionado sobre las nuevas generaciones, precisamente sobre las que se había puesto el peso de las aspiraciones de un país que alcanzaría el desarrollo.

La frustración de los jóvenes con las menores oportunidades se hizo sentir. Mientras en 2010 un 47,54% de personas entre 18-34 años opinaba que Chile estaba progresando, en 2016 la cifra llegó al 17,70%. Las implicancias políticas no demoraron: en octubre de 2017, tres de cada 10 jóvenes opinaban que el funcionamiento de la democracia era malo o muy malo (CEP).

Este escenario produjo un efecto multiplicador en la población. Buena parte de la ciudadanía vivió la revuelta como la puerta a un cambio, como una salida del estancamiento. El deterioro económico afectó el presupuesto del hogar, golpeó las expectativas de progreso de los jóvenes y debilitó la confianza en la democracia. Este fenómeno, nuevo en el contexto histórico, explica mejor el apoyo masivo a las manifestaciones de ese tiempo. Hoy el clima es otro. Cambiaron los apoyos, ha habido grandes cambios electorales, pero el rechazo a la continuidad permanece. La frustración permanece.

¿Lecciones? Priorizar el crecimiento y la creación de empleo es un imperativo para robustecer la democracia. Es un desafío nacional que exige ciertos consensos. A su vez, es necesario un relato aterrizado que contenga la inflación de aspiraciones inconsistentes con las realidades del Chile de 2026.

Arturo Fontaine
UAI y Universidad de Chile

Sergio Urzúa
U. de Maryland y CLAPES-UC